Law fare o acoso judicial

El Law Fare es una palabra poco conocida que se empezó a emplear en España tras la instrumentalización de la justicia frente al independentismo de Cataluña, y es un escándalo, porque cuando los jueces actúan como funcionarios a las órdenes de la política, todos estamos en peligro.

Pulsa el enlace para ver un video de la Dra. Popel

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Hoy ha llegado a la prensa una noticia que afecta a la Dra. Popel y que es un claro ejemplo de acoso judicial, o de instrumentalización de la justicia, donde lo importante es acabar con el enemigo político a toda costa. Ante eso, debemos dejar constancia de unas consideraciones.

1. Se trata de una sentencia de instancia que es recurrible y que de hecho ya está recurrida.

2. Se trata de una sentencia que no entra en el fondo del asunto que es la nulidad radical o anulabilidad de la resolución del Colegio de Médicos por defectos muy graves en la tramitación y la motivación.

3. Igualmente, se trata de una sentencia dictada por un órgano con evidente animadversión, donde se dan circunstancias injustificables, como que ha sido gestionado por dos jueces al mismo tiempo (juez titular y juez de refuerzo)

4. Respecto de la juez de refuerzo, se trata de la Sra Turullols que fue en su día Directora general de Función Pública de Islas Baleares y que gestionó este expediente a pesar de haber sido iniciado y juzgado por la titular. La Juez de refuerzo amenazó al letrado con abrir expediente disciplinario por haber planteado su recusación por presunta falta de imparcialidad y la Juez titular dedicó 15 minutos de reproches antes del juicio por haber planteado la recusación de su refuerzo, aprovechando el momento antes de grabar la vista y que obligó al letrado a protestar por el trato recibido.

5. Hay que recordar que en este pleito también se personó la letrada de la Consejería de salud, Doña Georgina Delfont, hija del Magistrado de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Islas Baleares que resuelve las apelaciones.

6. También hay que recordar que el abogado del Colegio de Médicos es el Sr. Fiol, ex-consejero de Sanidad y de Educación de Islas baleares con el Partido Popular. Él fue investigado, su hermano terminó condenado y su defendido Jaume Matas terminó en la cárcel.

7. Así pues, en la sentencia y en el curso del procedimiento no se dan las condiciones de normalidad y de equidistancia necesarias para un juicio justo y se hace patente un Law Fare (acoso judicial) donde no solo participan instituciones políticas sino también instancias judiciales.

8. Dicho lo anterior, esta sentencia se refiere a la primera resolución de la sanción y no a la sanción definitiva.

9. Yendo al fondo del asunto, la sanción que se impone es por diferentes manifestaciones de la Dra. Popel, todas ellas lícitas, sensatas y amparadas por la libertad de expresión y de las que hemos perdido conexión por la violencia institucional pandémica y postpandémica

   1. “No pretendo crear polémica, ni criticar, ni enfrentarme a nadie, pero creo que es necesario dar información a la gente para que reflexione y decida”.

   2. “Entiendo que todos queremos buscar la salida a esta difícil situación, pero tenemos que preguntarnos a qué precio y si no hay mejores opciones que esta”

   3. “es mi opinión en función de lo que estoy viendo»

   4. “entonces qué sentido tiene vacunar a la gente cuando no hay ningún caso si hacerlo puede provocar efectos secundarios relacionados con AstraZeneca.”

   5. “quizás tendríamos que buscar métodos más saludables para salir adelante”.

   6. El motivo para opinar, eran las frecuentes visitas en el último mes de las personas afectadas por posibles efectos secundarios de la vacuna y la rareza de los síntomas. También posibles efectos secundarios muy graves como meningoencefalitis, Sd. Guillain Barré, ictus.

   7. Ante tal hecho, tras haberlo comunicado a mis superiores y no haber recibido la respuesta contundente, me he atrevido a opinar en el periódico.

   8. Respeto la vida humana, la dignidad de las personas y cuido de la salud del individuo de la comunidad dado que son los deberes primordiales del médico. Creo que para la confianza plena de la gente tengo que actuar con altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad y la empatía.

   9. Según el código deontológico articulo 12, "Es un deber del médico respetar el derecho del paciente a estar informado en todas y cada una de las fases del proceso asistencial. Como regla general, la información será la suficiente y necesaria para que el paciente pueda tomar las decisiones". Por esa razón, había pensado que los ciudadanos tenían el derecho de saber de los posibles efectos secundarios que han sucedido tras vacunarse con la vacuna AstraZeneca para poder libremente elegir.

   10. Sé que la situación en cual vivimos en este momento exige mucha sabiduría y conocimiento, poniendo por delante de todo no hacer daño a las personas y dar la información imparcial.

   11. También recuerdo, que todo acto médico conlleva su responsabilidad legal, ética y moral, por lo que intento actuar según el Juramente Hipocrático y Código Deontológico.

   12. Debo de admitir, que posiblemente la manera de comunicarlo no era del todo acertada, por lo que le pido disculpas si le ha molestado en algún momento.

   13. Espero su entendimiento de la situación y quiero enfatizar de que he actuado pensando en el mejor beneficio de las personas.

   14. (pregunta a la OMC ) “si es de recibo que los famosos de la tele usurpen la función que les compete legalmente a los profesionales de la medicina.” Además, sobre si la recomendación de someternos “a una vacuna no comprobada científicamente y prometiendo inmunidad sería contraria al Código Deontológico en el caso de que hubiera sido manifestada por un médico [...].” Por lo anterior, exige a la OMC, entre otras cosas, “que se dirija los poderes públicos en orden a instar el cese de la vacunación”.

10. Todas las expresiones son correctas y amparadas en la libertad de expresión y en el libre ejercicio profesional, con plena autonomía técnica y científica amparada por los acuerdos de la Sociedad Médica Mundial, el código deontológico y la Ley de ordenación de profesiones sanitarias. Sancionar a un médico por dichas expresiones de opinión es un acto de abuso irracional y desproporcionado incompatible con un Estado de Derecho.

11. Hay que recordar además, que inmediatamente después de estas manifestaciones la vacuna de Astrazeneca fue retirada del plan de vacunación por los efectos adversos y finalmente retirada del mercado.

Nos encontramos con un nuevo episodio donde la maquinaria del Estado aprovecha las instituciones, la justicia y la prensa para acabar con quien le molesta o con quien afea su conciencia. Pero frente a este ataque y acoso que ya dura cuatro años y que se despliega en 20 procesos judiciales, no es momento para ceder.